A medida que la industria de los juegos crece cada vez más y que las herramientas de modificación de los motores de juegos se vuelven cada vez más accesibles para el jugador promedio,

la modificación de juegos no solo es más común, sino prácticamente omnipresente.

Esto presenta un problema tanto para los desarrolladores como para los jugadores que modifican sus juegos. En este artículo, exploraremos si las modificaciones de videojuegos califican como infracción de derechos de autor (lo hacen) y qué excepciones existen (muy pocas).

¿Qué son los mods de videojuegos? ¿Quiénes son los Modders?

Un “mod” es cualquier programa, recurso u otra pieza de software, no producido ni distribuido por el desarrollador y/o editor del videojuego, que altera la mecánica, la apariencia u otro contenido de un videojuego. Esta descripción nos dice demasiado y no lo suficiente. Seamos un poco más específicos.

Cuando escuchas acerca de un mod de videojuego, es probable que el mod sea una alteración mecánica o cosmética hecha por el jugador a un juego existente . Un mod popular surgió para "The Elder Scrolls V: Skyrim" poco después de su lanzamiento, lo que provocó que los dragones aparecieran como una imagen positivamente horrible del Macho Man Randy Savage . Los mods de Star Wars Battlefront II permiten a los jugadores alterar la apariencia de ciertos héroes para que se parezcan a otros personajes de la franquicia histórica .

Algunos hacen mods para obtener una ventaja injusta en títulos multijugador competitivos, generalmente denominados "hacks", pero su uso es tanto mods de videojuegos como los discutidos anteriormente en el sentido de que son software de terceros que alteran la mecánica de un juego. Un ejemplo común de esto es el fenómeno de "caída de dinero" en "Grand Theft Auto V ". Otros ejemplos son cuando un jugador en un MOBA (el llamado campo de batalla en línea multijugador) usa un software de terceros para hacer que su personaje sea invulnerable. Efectivamente, este tipo de modificación/hackeo equivale a hacer trampa y, en general, los jugadores se oponen por crear una comunidad multijugador injusta y los desarrolladores por arruinar cualquier plan de monetización que hayan establecido para su juego multijugador.

Los desarrolladores de juegos amateurs más raros y dedicados intentarán rehacer un juego clásico o retro en un motor más nuevo o con imágenes actualizadas . Los ejemplos bien conocidos de este concepto que se discutirán en este artículo de blog incluyen:

  • Skywind ”: una conversión total de “The Elder Scrolls III: Morrowind” en “Skyrim's” motor.
  • Otro remake de Metroid II o ' AM2R ' ”: un remake de “Metroid II: Return of Samus” con el estilo visual de “Metroid: Zero Mission”.
  • Black Mesa ”: la nueva versión ahora lanzada del juego original “Half-Life” en Source 2 Engine de Valve.

De estos tres mods, Skywind todavía está en desarrollo activo y aparentemente aprobado por el titular de los derechos de autor (Bethesda Softworks), Otro Metroid II Remake ( AM2R ) desapareció luego de una huelga de DMCA del titular de los derechos de autor (Nintendo Co., Ltd ) y Black Mesa . ha sido lanzado con gran éxito general y, sorprendentemente , todas las ganancias van a los desarrolladores del mod (Crowbar Collective), no al titular de los derechos de autor (Valve, Inc.). Sorprendente, porque esto ocurre en la abrumadora minoría de mods y nunca debe darse por sentado.

¿Quién decide qué mods viven y qué mods mueren? ¿Tienen los desarrolladores y editores el poder de tolerar el modding o de prevenirlo? Para responder a estas preguntas, debemos comprender cuándo se produce una infracción de derechos de autor, quién está protegido y quién es responsable.

Hacer una modificación infringe el derecho exclusivo del titular de los derechos de autor para hacer obras derivadas

Dejemos las malas noticias (o las buenas noticias dependiendo de quién seas) fuera del camino: la modificación es una infracción de derechos de autor como una cuestión de rutina. En su cara. Período.

Comencemos, entonces, por el principio. Los derechos de autor son un derecho constitucional, otorgado a través de la Ley de derechos de autor de EE. UU., y que otorga al titular de los derechos de autor un conjunto de derechos exclusivos , lo que significa que el titular puede excluir a cualquier persona del uso de sus derechos en su trabajo. Estos incluyen el derecho a reproducir una obra, el derecho a distribuir una obra a través de los canales tradicionales de comercio y el derecho a producir obras derivadas de cualquier obra en cuestión. Y modding es ejercer su derecho (o infringir el propio) de hacer un trabajo derivado .

Entonces, ¿qué es una obra derivada? Generalmente, un trabajo derivado es un trabajo nuevo, pero incluye elementos o evidencia de los aspectos sujetos a derechos de autor de trabajos anteriores. Con este fin, utilizaremos AM2R como ejemplo. DoctorM64, desarrollador aficionado de AM2R , estaba creando una nueva versión (o, en términos de derechos de autor, un trabajo derivado) de "Metroid II" (con los activos de Nintendo, nada menos). Pero, ¿y si Nintendo quisiera rehacer “Metroid II”? ¿ellos mismos? Sin la ley de derechos de autor, DoctorM64, una persona que no tiene derechos sobre Metroid propiedad intelectual, les habría ganado para liberar y acaparado el mercado. Es fácil llamar a la huelga de AM2R de DMCA de Nintendo un acto de avaricia corporativa, pero las acciones de Nintendo podrían interpretarse fácilmente como un intento de buena fe de proteger sus derechos a la propiedad intelectual de Metroid y la comerciabilidad de la nueva versión de "Metroid II", que terminó lanzando un año después de derribar AM2R .

En AM2R , vemos cómo el modding es, a primera vista, una infracción. Ya sea que use activos originales o no, un modder todavía está adaptando un trabajo protegido por derechos de autor creado previamente de una manera que el titular de los derechos puede hacer cumplir, ya sea una nueva versión como AM2R , un truco o una modificación cosmética. Además, los tribunales de los Estados Unidos generalmente se pondrán del lado del titular de los derechos sobre el modificador cuando se litiguen problemas relacionados con la modificación. A menudo, como en Blizzard Entertainment, Inc. v. Reeves , el modificador no comparecerá ante un tribunal o resolverá el litigio antes de que llegue demasiado lejos. ¿Por qué es esto? Es nuestro estribillo favorito: los litigios son caros y, si eres un modder soltero, sería imprudente e ineficaz que intentaras superar a un monolito como Blizzard en los tribunales.

¿Qué pasa con el uso justo?

Ciertamente es posible , pero poco probable , que un mod (ya sea gratuito, solo compartido con tus amigos o una parodia) se considere un uso justo bajo la llamada Doctrina de uso justo. El uso justo se usa para argumentar que cierta infracción está bien porque es, por ejemplo, educativa, satírica o no comercial. Una modificación, gratuita o no, aún implicaría el uso de material protegido por derechos de autor por parte de un modificador para crear un trabajo derivado, y probablemente estaría fuera del alcance del uso justo. Además, la mayoría de los modders ni siquiera obtendrán un verdadero análisis de uso justo de un tribunal, ya que es una defensa de litigio y (dilo conmigo) el litigio es realmente costoso .

¿Por qué Skywind y Black Mesa obtienen un pase?

Un titular de derechos de autor tiene derecho a hacer cumplir los derechos en su trabajo, pero también tiene derecho a no hacerlos cumplir . Por lo tanto, un mod es "legal" solo mientras el titular de los derechos decida dejarlo existir. Hay buenas razones para hacer esto dependiendo de los objetivos del desarrollador.

Por un lado, Valve Inc. otorgó a Crowbar Collective una licencia inusualmente generosa para su nueva versión de "Half-Life", probablemente porque Valve había tenido tanto éxito con su tienda digital, Steam, y no tenía planes previsibles para rehacer su juego ellos mismos. Una vez más, esto es extremadamente raro . Si eres un modder, confiar en este ejemplo para adquirir un trato en un momento posterior es negligente, por decir lo menos, ya que lo más probable es que hayas creado un mod en vano y puedas ser víctima de un litigio si intentas sacar provecho de él. sin licencia

Bethesda Softworks, por otro lado, fomenta la modificación en una estrategia aparente para fomentar y mantener una comunidad en torno a sus juegos más allá de la vida útil típica del mercado de juegos. Incluso lanzan herramientas de modificación dedicadas para que los jugadores las usen con sus juegos para un solo jugador. Muchos piensan que Skyrim debe su continuo éxito de 9 años, al menos en parte, a su vibrante escena de modding. Dado el éxito de Skyrim con la modificación, aprobar Skywind (pero que requiere prueba de compra tanto de Morrowind como de Skyrim ) podría ser una obviedad.

¡Soy un modder! Que significa esto para mi?

Bueno, la dura respuesta es: o bien no modifique en absoluto , modifique solo las obras en las que el titular de los derechos haya tolerado la práctica, o mantenga su modificación en privado en lugar de publicarla públicamente (lo que sigue siendo una infracción, pero sin que nadie notándolo). Si a un titular de derechos no le gusta tu mod, entonces puede eliminarlo y lo eliminará (a través de una carta de cese y desistimiento y un Aviso de eliminación de DMCA muy probablemente). Una vez que eso sucede, realmente no hay nada que puedas hacer. Si desea lanzar una modificación de un juego del que no posee ningún derecho de autor, lo mejor que puede hacer es pedirle permiso al propietario de los derechos.

¿Qué significa esto para los desarrolladores?

Depende en gran medida de usted como titular de los derechos. Si quieres evitar que los jugadores modifiquen tu juego, ¡buenas noticias! La ley está de su lado y tiene poderosas herramientas legales como las eliminaciones de DMCA como mecanismo para defender sus obras. O podrías ser como Bethesda y fomentar una comunidad de modding en torno a tus juegos para prolongar su vida útil.

Tenga en cuenta, sin embargo, que si lanza herramientas de modificación para su juego, deberá asegurarse de redactar su Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) con restricciones y permisos muy claros para garantizar que un modificador (o, más importante, un tribunal de la ley) sabrá exactamente qué alcance pretende que ocupe su comunidad de modding. Por ejemplo, el EULA de Bethesda para “Skyrim” prohíbe explícitamente la creación de mods para su juego usando cualquier otro software que no sea el kit de creación que proporcionan en su sitio web, usando la licencia que especifican. ElEULA para las herramientas de modificación de "Skyrim" establece explícitamente restricciones claras sobre qué modificaciones se pueden hacer y cómo se pueden usar (por ejemplo: no se venden modificaciones comercialmente, no se permiten modificaciones que menosprecien a Bethesda o sus productos). El EULA general de Rockstar que utilizan para todos sus juegos no permite ningún tipo de modificación de sus juegos por parte de nadie más que de Rockstar. Un EULA claro y avisos legales son la base para una gestión comunitaria eficaz y transparente, incluso fuera del ámbito de la propiedad intelectual. Como titular de los derechos, puede decidir cómo desea que se use su propiedad intelectual, pero mantener su propiedad segura comienza con un buen EULA. Entonces, ¡planifica y comienza a escribir!


Publicado por primera vez el 29 de julio de 2020

If a French authority wants to know who really stands behind a company registered in the United States, can it find out? The answer sits where three layers of law meet: federal, state, international and they do not always line up.

The federal layer : FinCEN

The United States created a tool designed for precisely this purpose. The Corporate Transparency Act passed in 2021 as part of the Anti-Money Laundering Act of 2020 it created a register of beneficial owners held by FinCEN, the Financial Crimes Enforcement Network, to make it harder to hide behind anonymous companies; at launch it was expected to capture tens of millions of entities.1 Then it ran into trouble.


Small businesses challenged it across the country as exceeding Congress’s powers and as an unreasonable search, winning a string of injunctions before the appellate courts ultimately upheld the statute.2 In the meantime, to spare millions of low-risk domestic businesses the compliance burden and to refocus on higher-risk foreign entities, the Treasury narrowed the rule in March 2025: companies formed in the United States are now exempt, and only entities formed abroad and registered to do business in the country still report.3

This was a deliberate choice, not a legal requirement. Treasury Secretary Scott Bessent presented it as part of an effort to ease the regulatory burden on American small businesses4. What followed made this even clearer. In December 2025, a federal appeals court “the Eleventh Circuit” ruled that the CTA was constitutional after all, overturning the lower court that had struck it down5. Even so, the narrower rule stayed in force. The result is a register that was built to reveal who owns American companies, but that now covers almost none of them not because reporting became optional, but because the government deliberately narrowed who has to report. A system once expected to cover tens of millions of companies now applies to only about 12,000 foreign ones.

The New York layer

New York had moved in the same direction, for reasons close to home. Anonymous LLCs had long been used to buy New York real estate with money whose origin was hidden, and to shield landlords who mistreat tenants, contractors who commit wage theft and owners who evade tax so the State passed its own LLC Transparency Act to unmask the real people behind such companies and give regulators and law enforcement a way to hold them accountable.6 The law took effect on 1 January 2026, with its own database of owners. But New York had tied its definitions to the federal statute so when Washington narrowed the federal rule, New York’s narrowed with it, and the Governor vetoed the corrective bill in December 2025 to avoid burdening New York businesses beyond the federal baseline.7 The result is striking: the New York law now reaches only non-US LLCs registered in the State. A French company holding a New York LLC may be among the few entities that must actually file, by 31 December 2026, while American LLCs need not.

The international layer : treaties

This is where the real question emerges. Under the US Constitution, only the federal government concludes treaties; a State cannot.8 France therefore cannot simply ask New York for the information its requests travel through federal channels: the France–US tax treaty, the FATCA agreement, mutual legal assistance.9 New York’s confidential, state-run register is not wired into those treaty routes. With the federal register emptied of domestic companies and the State register limited to foreign LLCs, a foreign government searching for the person behind a purely American company faces a genuinely open question. Two legal systems chase the same goal : knowing who owns what, and where the money sits and arrive in very different places.

For a firm whose clients live on both sides of that line, the gap is exactly where counsel earns its place: identifying what foreign clients must file in New York, monitoring federal rules that are still in motion, and keeping a company’s ownership picture clean before anyone has to ask for it.

The same logic governments trading information drives an obligation that touches almost every cross-border client: declaring bank accounts held abroad. France and the United States both demand it, both feed the same machinery of automatic exchange, and both enforce it. What differs is the cost of getting it wrong.

DECLARING ACCOUNTS HELD ABROAD

FRANCE

UNITED STATES

Form 3916

Filed with the annual income-tax return; one form per foreign account.

Civil (tax) penalty for non-declaration: €1,500 per account, each year up to €10,000 for a non-cooperative state.10

The FBAR : FinCEN Form 114

Required for foreign accounts over $10,000 in aggregate; filed with FinCEN.

US civil penalties for non-compliance: up to $16,536 per report (non-willful); for a willful failure, the greater of $165,353 or half the account balance. Criminal penalties may also apply.11

Same architecture but very different stakes.

What held me was not the technical detail but the shape of the thing: a single objective, pursued from two legal traditions, landing far apart. Sitting between them turning one system into the language of the other is the daily work of a cross-border practice.

By Sarah Mansouri · Legal Intern, KBL Roche · New York, June 2026

This article reflects the personal perspective of the author and offers general information on developments in cross-border law as of June 2026. It is not legal advice.

notes and references:

1 Corporate Transparency Act, 31 U.S.C. § 5336 (2021). FinCEN estimated about 32.6 million entities would have to report (fincen.gov). 2 Court challenges to the CTA, e.g. Nat’l Small Bus. United v. Yellen (N.D. Ala. 2024) and Texas Top Cop Shop (E.D. Tex. 2024). The federal appeals court (11th Cir.) upheld the Act on 16 Dec. 2025.
3 FinCEN interim final rule limiting reporting to foreign companies, « Beneficial Ownership Information Reporting Requirement Revision and Deadline Extension », 90 Fed. Reg. 13688 (26 mars 2025)
4 Treasury Department press release, "Treasury Department Announces Suspension of Enforcement of Corporate Transparency Act Against U.S. Citizens and Domestic Reporting Companies" (2 mars 2025)
5 The Eleventh Circuit decision — Nat'l Small Bus. United v. U.S. Dep't of the Treasury, No. 24-10736 (11th Cir. Dec. 16, 2025)
6 N.Y. bill S.995-B, sponsor’s justification (nysenate.gov); Gov. Hochul, statement on signing the LLC Transparency Act (22 Dec. 2023).
7 N.Y. Limited Liability Company Law § 1106. The corrective bill S.8432 was vetoed on 19 Dec. 2025.
8 U.S. Constitution, art. II, § 2 (treaty power is federal) and art. I, § 10 (States may not make treaties).
9 France–U.S. tax treaty of 1994 (information-exchange article) and France–U.S. FATCA agreement of 2013.
10 Code général des impôts, art. 1649 A (duty to declare) and art. 1736, IV (the €1,500 / €10,000 penalty).
11 31 U.S.C. § 5314 (FBAR obligation), § 5321 (civil penalties: up to $16,536, or for willful failures the greater of $165,353 or 50% of the balance) and § 5322 (criminal penalties).

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